La Ordenanza que Persigue a los Vecinos en Lugar de Resolver Problemas Reales.

ferias barriales en rosario de lerma

El Concejo Deliberante de Rosario de Lerma, bajo la presidencia de Aurelia Córdoba, ha demostrado una vez más su desconexión con las necesidades reales de la comunidad. En lugar de abordar los problemas urgentes que afectan a la ciudad, se ha concentrado en aprobar una ordenanza que solo busca perseguir a los vecinos más vulnerables y recaudar más impuestos.

La reciente medida propuesta por el Concejo Deliberante se centra en la «regularización» de las ferias barriales, un espacio que ha surgido de manera espontánea como respuesta a la crisis económica que atraviesan muchas familias. Estas ferias, en su mayoría, son gestionadas por mujeres de bajos recursos que buscan sobrevivir vendiendo la ropa usada de sus hijos o intercambiando productos por mercadería. Sin embargo, la nueva ordenanza se presenta como una herramienta de persecución, disfrazada bajo la excusa de la organización y seguridad.

Aurelia Córdoba, presidenta del Concejo Deliberante, defendió la ordenanza afirmando que «el proyecto tiene como objetivo principal establecer un marco justo y equilibrado que permita a los vecinos de Rosario de Lerma participar y vender sus productos de manera organizada y segura.» Sin embargo, para los vecinos, esta es solo una forma elegante de anunciar que serán perseguidos y que la municipalidad exigirá el pago de impuestos por la utilización de espacios públicos.

Es evidente que el verdadero propósito de esta ordenanza es incrementar la recaudación fiscal, poniendo una carga adicional sobre quienes ya están luchando por llegar a fin de mes. Lejos de ofrecer soluciones reales o apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad, el Concejo Deliberante parece más interesado en «meter la cuchara» en un ámbito que ha crecido de manera espontánea y que es vital para la subsistencia de muchas personas.

La definición misma de una feria, como un evento económico, social o cultural, sea fijo o ambulante, refleja el espíritu comunitario que debería protegerse, no gravarse. Sin embargo, el Concejo Deliberante ha optado por una vía regulatoria que amenaza con destruir este espacio de resistencia económica, imponiendo más obstáculos a quienes menos tienen.

En lugar de crear ordenanzas que persigan a los vecinos, el Concejo Deliberante y su presidenta deberían enfocar sus esfuerzos en resolver los problemas estructurales que afectan a la ciudad, como la falta de empleo, la inseguridad, y la ausencia de servicios básicos en muchas áreas. Esta ordenanza es solo un recordatorio más de la desconexión y la ineficacia de las autoridades locales, que parecen más preocupadas por llenar las arcas municipales que por el bienestar de la comunidad.