Una reciente ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de Rosario de Lerma ha generado un intenso debate. La medida, presentada por el concejal Matías Cruz, establece la realización de pruebas de alcoholemia a todos los empleados municipales antes de comenzar su jornada laboral. Aunque la iniciativa tiene el objetivo de garantizar un ambiente de trabajo seguro y libre de incidentes relacionados con el consumo de alcohol, ha sido duramente criticada por varios sectores de la comunidad.
En primer lugar, la principal crítica se centra en el alto costo asociado con la implementación de esta medida. Según estimaciones, solo en boquillas para los alcoholímetros, el municipio gastaría aproximadamente $2.400.000 mensuales, considerando que cada boquilla tiene un costo de $30 y se realizarían pruebas diarias a unos 400 empleados. Este gasto ha sido calificado como «innecesario» por algunos críticos, especialmente en un contexto donde los recursos municipales son limitados y podrían destinarse a otras prioridades.
- ¿Que Pasa en la Chatarrera.? Misterio, Intriga, Amenazas y mucho mucho puterio …
- Juicio al Topo Ramos: “La destitución puede ocurrir por UNA condena penal.”
Además, se ha argumentado que la ordenanza podría considerarse una violación de los derechos y libertades de los trabajadores. La obligatoriedad de someterse a una prueba de alcoholemia para desempeñar tareas que no necesariamente implican riesgo por consumo de alcohol (como sí ocurre con los conductores) ha sido vista como un «avasallamiento» de la autonomía personal. Desde esta perspectiva, la medida se considera ilegal e injustificada, a menos que exista un acuerdo explícito entre los empleados y la administración municipal.
Respuestas y Reacciones. El concejal Matías Cruz, autor de la ordenanza, seguramente ha argumentado que la medida busca prevenir incidentes y garantizar la eficiencia y seguridad en el lugar de trabajo. Sin embargo, sus detractores sugieren que la verdadera motivación podría estar relacionada con otros intereses, como la identificación y eventual despido de ciertos empleados. Esta sospecha se ve alimentada por la falta de claridad sobre si la medida se aplicará también a los funcionarios y directivos del municipio, lo que ha llevado a algunos a cuestionar la equidad y transparencia de la ordenanza.
Representantes gremiales y trabajadores municipales no se han expresado hasta ahora. Aún no está claro cuál será la posición oficial de los sindicatos, pero se espera que tomen una postura firme en defensa de los derechos de los empleados.
La nueva ordenanza en Rosario de Lerma ha puesto sobre la mesa un debate complejo sobre el balance entre la seguridad laboral y los derechos individuales. Mientras algunos ven la medida como un paso necesario para mejorar las condiciones de trabajo, otros la consideran un gasto innecesario y una invasión a la privacidad de los trabajadores. En cualquier caso, la implementación de esta medida y su impacto real en la dinámica laboral municipal será un tema de observación y análisis en los próximos meses.
- Juicio al Topo Ramos. Diputada Galleguillos: «Espero que la justicia haga lo que corresponde»
- Evidente protección política del oficialismo de Gustavo Saenz a Sergio «Topo» Ramos. Judiciales.
