La situación en Rosario de Lerma va tomando color y temperatura ante el inminente cierre de listas de candidatos a las elecciones 2023 y donde el actual senador Sergio «el topo» Ramos ya confirmó su intención de participar como candidato a intendente. Ramos, primero en las encuestas con la intención de voto, se refirió tambien a la inexperiencia de Enrique Martinez y como su incapacidad llevo a la ciudad a «estar destrozada» incentivando a los vecinos a recuperarla.
Este martes se supo y se conoció en redes sociales la presión municipal hacia un sector de empleados de obras publicas para que apoyen y trabajen en la re elección del actual intendente Enrique Martinez. El actual intendente, ya destituido en 2022 por el Concejo Deliberante, se encuentra acorralado con un 69% de imagen negativa sobre su gestión y solo un 9% de intención de voto para las próximas elecciones.
Compartimos un texto que hace referencia al tema: «Si sos empleado público que no te presionen, ni obliguen ni permitas que te pongan la camiseta partidaria; que sea tú voluntad, elección, convicción y decisión de participar o realizar actividades o trabajos para la campaña electoral.
La existencia de presiones a trabajadores para que participen de las campañas electorales en favor de superiores jerárquicos o de otros funcionarios de gobierno es un problema extendido que no distingue ideologías, banderas políticas ni regiones geográficas de nuestra Salta.
Ésta práctica es producto de la confusión entre gobierno y partidos de gobierno e implica un aprovechamiento indebido de los recursos humanos del estado en beneficio de un determinado grupo político, además de un avasallamiento de los derechos del trabajador.
La presión a los empleados y obreros públicos para que realicen actividades de campaña se encuentra prohibida por la Constitución Nacional, numerosos tratados internacionales de Derechos Humanos, distintas leyes nacionales y provinciales, constituyendo además un delito.
Ésta práctica lleva décadas y se sigue sosteniendo en el tiempo, la falta de moral, ética y valores de gobernantes y funcionarios que «abusan directa o indirectamente de sus facultades o prerrogativas para realizar proselitismo o acción política con recursos del estado” y hacen obedecer a los empleados avasallando sus deberes, derechos y garantías «bajo la obligación de «obedecer y realizar actos no compatibles con la función y con el servicio del agente.
El texto pertenece a Juan Carlos Ojeda. Ex director de transito municipal de Rosario de Lerma.
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