La Justicia salteña ya investiga a dos diputados nacionales, candidatos, apoderados y a un asesor del espacio libertario tras la denuncia de un funcionario de la Anses de Metán que implicaria a toda la provincia incluso Rosario de Lerma.
En medio de un escándalo político que sacude al espacio de La Libertad Avanza en Salta, se conoció una denuncia penal que involucra a dos legisladores nacionales y a un asesor por supuestas maniobras irregulares en el manejo de aportes de empleados públicos.
La causa se abrió tras la presentación formal de Rodrigo Achával, director de la oficina de la Anses en la ciudad de Metán, quien denunció públicamente que le exigían parte de su salario en concepto de “aporte obligatorio” para el partido. En el centro de la escena aparecen la diputada nacional Emilia Orozco, el dirigente Alfredo Olmedo y un supuesto “recaudador”, que fue grabado en un audio que ya circula por medios locales.
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En dicha grabación se escucha cómo el representante libertario exige un 5% del sueldo mensual y del bono extraordinario, y se refiere a la práctica de marcar los recibos de sueldo para identificar quién cumple con el pago y quién no.
El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, actualmente a cargo de la Fiscalía Penal 2, confirmó que ya se iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar si se configura algún delito, y si corresponde imputar a los implicados.
Aunque no fue confirmado de forma oficial, fuentes cercanas al Ministerio Público señalan que el otro diputado nacional mencionado en la denuncia sería Carlos Zapata, referente del espacio libertario en la provincia.
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El caso genera preocupación dentro del esquema político salteño y abre una fuerte polémica sobre el uso de cargos públicos como herramienta de recaudación interna partidaria. Mientras tanto, se espera que en los próximos días se avance con nuevas diligencias judiciales, incluyendo la toma de declaraciones y la recolección de evidencia documental y testimonial.
En Rosario de Lerma por otra parte la justicia investiga fondos de La Libertad Avanza que se utilizaron en medios que no existen pero si pueden cobrar los «vouchers» del tribunal electoral.
La denuncia marca un nuevo capítulo de tensión para La Libertad Avanza en Salta, que ya había enfrentado críticas por su forma de designar funcionarios en organismos nacionales. Ahora, la Justicia deberá determinar si los aportes exigidos configuran una práctica coercitiva o si existen elementos para avanzar con una acusación penal formal.
