Desafíos legales y políticos de dos intendentes salteños ante la Justicia. Los últimos meses han estado marcados por la mirada de los vecinos y vecinas sobre la conducta de dos importantes figuras políticas en la provincia de Salta: los intendentes Javier Wayar de La Merced y Sergio Ramos de Rosario de Lerma.
Ambos actualmente transcurren sus días en el ojo del huracán judicial por sendas denuncias por peculado y malversación de fondos en gestiones anteriores, acusaciones que ponen en alerta sus gestiones y sobre todo su integridad.
En diálogo con Nuevo Diario, el reconocido abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta arrojó luz sobre los complejos procesos legales que estos jefes comunales intendentes enfrentan, así como sobre las posibles implicaciones políticas que podrían derivarse de sus casos.
El caso de Javier Wayar, alcalde de La Merced, está teñido por acusaciones de pagos irregulares de sobresueldos a concejales oficialistas, así como de un cuestionado contrato de comodato que omitió los procedimientos establecidos en la Carta Orgánica municipal.
Por su parte, Sergio Ramos, jefe comunal de Rosario de Lerma, enfrenta cargos por presunto peculado, relacionado con el desvío de fondos públicos destinados a un proyecto que nunca se materializó.
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Para Aguirre Astigueta, la destitución de un intendente en Salta solo puede ocurrir por condena penal o por mal desempeño del cargo. Sin embargo, destacó que hasta que dichas condenas no sean firmes, es decir, pasen en autoridad de cosa juzgada tras ser revisadas por una instancia superior, no tienen un impacto directo. Este matiz legal, sumado a la complejidad del proceso de destitución y a la posibilidad de apelaciones que prolongan la resolución de los casos, plantea un panorama incierto para el futuro político de estos municipios.
En cuanto a la Ley de Ficha Limpia, Aguirre Astigueta aclaró que esta legislación provincial impide la presentación de candidatos condenados en segunda instancia por ciertos delitos, siempre y cuando la condena sea firme y se trate de delitos contra la administración pública, corrupción, integridad sexual o narcotráfico. Esta ley, diseñada para salvaguardar la integridad moral de los candidatos, por cierto, añadiría una capa adicional de complejidad a los casos en cuestión.
Un aspecto clave es el posible llamado a elecciones en caso de destitución o inhabilitación de los actuales intendentes. Aguirre Astigueta destacó que, según la Constitución provincial, solo si falta un año para la culminación del mandato se pueden convocar elecciones anticipadas.
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Otro punto relevante es el papel del Concejo Deliberante durante estos procesos. ¿Quién asume el mando en caso de licencia o destitución del intendente? ¿Cómo se garantiza la gobernabilidad y la continuidad administrativa? Estas son preguntas que se plantean en medio de la incertidumbre jurídica y política que rodea a La Merced y Rosario de Lerma, sin que los respectivos ediles hasta ahora respondan por ello. Es importante subrayar que las acusaciones que pesan sobre Wayar y Ramos se refieren a gestiones anteriores, lo que añade un componente temporal y de gravedad al análisis. ¿Cómo afectará esto a la estabilidad política y administrativa de los municipios en el corto y largo plazo? Lo cierto es que existen hoy claros cambios en la percepción ciudadana sobre la transparencia y la honestidad en la gestión pública. Los casos de Wayar y Ramos no solo ponen a prueba la solidez de las instituciones judiciales y políticas en Salta, sino que también plantean interrogantes fundamentales sobre la rendición de cuentas, la integridad moral de los líderes políticos y la capacidad del sistema legal para garantizar la justicia y la transparencia en la administración pública.
Fuente: Nuevo Diario
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