El concejal Ariel Gallardo ha lanzado una fuerte denuncia contra los concejales del oficialismo en Campo Quijano por su rechazo a la aprobación de un proyecto de pedido de informe sobre el destino de $8.000.000 provenientes del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda). Estos fondos fueron administrados por el intendente Carlos Folloni durante el período comprendido entre 2021 y diciembre de 2022, con el propósito de llevar a cabo obras de vital importancia en la Quebrada del Toro.
Las acusaciones de Gallardo giran en torno a la falta de transparencia en el uso de estos fondos y la no culminación de las obras planificadas. En particular, se destaca la construcción de 20 núcleos húmedos, es decir, baños, que en la actualidad se encuentran en estado inconcluso, y en algunos casos, ni siquiera han sido iniciados. Esta situación ha generado malestar en la comunidad y ha dejado al descubierto lo que parece ser una gestión cuestionable de los recursos públicos.
«Resulta inaceptable que, con financiamiento otorgado por el IPV, las obras en la Quebrada del Toro no hayan avanzado como se esperaba. Estamos hablando de una región que merece atención y desarrollo, y es preocupante ver cómo se desperdician los recursos sin rendir cuentas claras a la población«, manifestó el concejal Gallardo.
El concejal denunciante no escatimó en críticas a los concejales oficialistas, a quienes acusó de desinterés hacia la población de la Quebrada del Toro. «Cuando utilizan términos como ‘mis hermanos’ para referirse a los habitantes de la quebrada, en realidad están demostrando un profundo menosprecio por sus necesidades y preocupaciones«, afirmó Gallardo.
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Esta denuncia también ha sacado a la luz posibles irregularidades en la administración de los fondos por parte del intendente Carlos Folloni, así como una supuesta falta de supervisión en el avance de las obras. Los residentes locales han expresado su descontento y han solicitado una explicación clara sobre el destino de los fondos, así como una solución pronta a la problemática de las obras inconclusas.
El caso ha cobrado tal relevancia que incluso se ha señalado la posible intervención del Gobierno Provincial en la protección de las presuntas malversaciones. La comunidad está exigiendo transparencia en la gestión pública y una rendición de cuentas veraz por parte de las autoridades municipales.
Ante estas acusaciones, se espera que los concejales del oficialismo brinden una respuesta a la altura de las circunstancias, aclarando la situación y proporcionando la información necesaria para disipar las dudas. La ciudadanía sigue expectante, esperando respuestas que pongan fin a la incertidumbre y restauren la confianza en la administración local.
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